María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido un encuentro con la prensa para detallar las enmiendas que presentarán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en lo que se refiere a los cuatro pilares del Estado de Bienestar: sanidad, política social, igualdad y educación. El portavoz de Sanidad, José Martínez Olmos, ha anunciado 31 enmiendas centradas en planes perdidos y el aumento en 22 millones del Fondo de Cohesión, lo que supondría la redistribución de 100,5 millones de euros que el Gobierno ha dedicado a otros fines. La portavoz de Servicios Sociales, Rosa Aguilar, presentará 9 enmiendas parciales y 2 de devolución, con el objetivo, entre otros, de “descongelar” el calendario de la Ley de Dependencia y recuperar el Nivel Acordado de 283 millones de euros.

De izquierda a derecha, los cuatro portavoces del PSOE en el Congreso: Carmen Montón (Igualdad); Mario Beder (Educación); José Martínez Olmos (Sanidad), y Rosa Aguilar (Servicios Sociales).

Martínez Olmos se ha mostrado partidario de un “enfoque de austeridad” siempre que vaya acompañado de “compromisos vinculados a la cohesión”. Entre las principales apuestas en el terreno sanitario, el PSOE pretender recuperar la lucha contra el sida (cuatro enmiendas; 11,5 millones), el Plan de Salud Bucodental (dos enmiendas; 24 millones), las Estrategias de Salud en colaboración con las comunidades autónomas (31 millones), estrategias frente a enfermedades raras (también cooperando con las autonomías; 3 millones), o el Observatorio de la Salud de la Mujer, al que el Gobierno de Zapatero había financiado con 1 millón de euros. El Fondo de Cohesión es otra de las reivindicaciones, solicitando su aumento de los 93 millones que le dedica Rajoy a 115 millones de euros.

Como había denunciado con anterioridad en sede parlamentaria, Rosa Aguilar ha acusado al Gobierno de “no tener ninguna sensibilidad social” y de ocasionar “un retroceso brutal en términos de derechos sociales” una vez analizados los PGE. En cuanto a la Ley de Dependencia, Aguilar insta a Mato a que “diga la verdad, que no cree en ella”. Su objetivo es el de recuperar el Nivel Acordado de 283 millones estatales y otros 283 autonómicos eliminados por el PP, además de recuperar el calendario de la Ley, por el momento “roto y sin fecha para desarrollarlo”. La portavoz socialista de Servicios Sociales ha admitido que “espera lo peor” ante el anuncio de modificación de la norma realizado en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. En esta línea, ha mencionado datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que auguran el cierre de 582 centros y el despido de 12.000 personas.

Martínez Olmos pide que se escuche “la voz de los profesionales sanitarios”

Por otra parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, ha pedido al Gobierno que “escuche la voz de los profesionales sanitarios y mantenga la asistencia a los inmigrantes en situación irregular”, un colectivo especialmente vulnerable al que, tras el Real Decreto de medidas sanitarias aprobado por el Gobierno, se va a dejar fuera del sistema sanitario público. Los socialistas apoyan las declaraciones de diversos colectivos de profesionales, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semyfc), la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo General de Enfermería, el Colegio de Médicos de Madrid, o la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), que han manifestado que sus principios éticos y profesionales chocan con la medida adoptada por el Gobierno.

Olmos ha insistido en exigir “garantías jurídicas” para los profesionales sanitarios que tienen que prestar atención sanitaria y que “no pueden dejar sin asistencia a unas personas cuya salud, en el caso de que padezcan enfermedades graves, puede llegar a correr serio y grave peligro si se les limita el acceso a determinados tratamientos en el sistema sanitario público”. Por eso, el portavoz socialista ha vuelto a reclamar al Gobierno “un compromiso expreso” de que se va a modificar el Real Decreto-Ley de medidas sanitarias para garantizar que los inmigrantes en situación irregular van a tener derecho a continuar recibiendo asistencia sanitaria.

Mònica Almiñana, de Entesa pel Progrés de Catalunya.

Y en el Senado, Entesa quiere que la ministra explique mejor el RD 16/2012

El grupo parlamentario catalán Entesa pel Progrés de Catalunya ha pedido la comparecencia en el Senado de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que informe de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), y, concretamente, sobre los recortes y el copago sanitario.

La petición ha sido realizada por la portavoz de grupo de Sanidad, Mònica Almiñana, quien cree que" se ha pasado de una cobertura universal a una cobertura sólo para los asegurados". La representante catalana de la cámara alta tiene "serias dudas sobre la constitucionalidad de esta reforma" porque, explica, "invade derechos universales y competencias autonómicas", por ello, espera que Mato explique el alcance de las nuevas medidas. A juicio de Almiñana, algunas medidas como el pago de las prestaciones ortoprotésicas, de los servicios de ambulancia o que los jóvenes que no hayan cotizado no tengan derecho a prestación sanitaria, son "inauditas".